La Asociación Profesional de Oftalmólogos de España (APOE) secunda el comunicado de la Sociedad Española de Oftalmología (SEO) a sus socios y condena la deriva que desde hace años han adoptado los representantes oficiales del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO), basada en instar a sus colegiados a realizar actividades que pueden suponer una clara invasión de competencias médicas en los establecimientos sanitarios de óptica, como expresa la SEO y la APOE en sus últimos comunicados.
Esta reacción de toda la profesión médica de oftalmología es fruto del hartazgo provocado por los ataques que sufrimos en los últimos años que se ha hecho intolerable tras la instauración unilateral por parte del CGCOO de una “receta oficial oftálmica”, de utilización en establecimientos de óptica, sin cabida en el marco normativo actual y sin la aprobación de los organismos sanitarios competentes, como ha expresado el Ministerio de Sanidad en respuesta a requerimiento de la APOE, dejando claro que en estos establecimientos no puede hablarse (como publica en sus medios el CGCOO) ni de receta, que tampoco es oficial, ni de pacientes sino de clientes, y proponiendo alternativas a ese término receta, ya que estas acciones dan lugar a confusión en la ciudadanía, que puede tener la falsa sensación de estar siendo atendido en un centro sanitario recibiendo verdadera atención médica, lo que puede poner en riesgo la salud pública.
La actividad de los establecimientos de óptica está estrictamente regulada de forma similar en toda España (Decreto 14/2003 de la Comunidad de Madrid, como ejemplo). En ellas los ópticos no pueden diagnosticar (ni siquiera preventivamente) ni tratar enfermedades conforme a la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003), y por supuesto les está vetado prescribir o recetar, como ha recordado el citado Ministerio.
El Tribunal Supremo también ha sido claro en este sentido sentando constante jurisprudencia, y a pesar de ello, desde los colegios de ópticos se sigue intentando invadir competencias por la vía de hechos consumados realizando convenios con las administraciones sanitarias comunitarias con la excusa de aligerar listas de espera de consulta oftalmológica, lo que los jueces rechazan contundentemente en sus sentencias, como la última, firme y sin posibilidad de recurso, que APOE ganó en 2024 anulando un convenio del Colegio de Ópticos con el Servicio Gallego de Salud por invadir competencias exclusivas de los médicos oftalmólogos.
La ciudadanía tiene que tener claro que el problema no es un conflicto entre profesiones, sino de que se está poniendo en grave riesgo la salud de la población, ya que el manejo de la salud y las enfermedades de la visión solo lo garantiza un profesional con el título de médico oftalmólogo.
Para poder ejercer la oftalmología, un aspirante tiene que pasar muy duros filtros y más de 10 años de exhaustiva preparación con exigentes y continuas evaluaciones, debido a que es lo establecido por ley para garantizar el correcto manejo de la salud a este nivel, porque la salud es uno de los bienes más preciados para el ser humano y se debe garantizar su correcto manejo.
El intrusismo ya se describe en el Papiro de Ebers, hace más de 3500 años. Esa intencionalidad de atajar para conseguir el mismo prestigio o beneficio de determinados profesionales pero sin su requerido esfuerzo meritorio es inherente a la historia de la humanidad, pero contra ello la sociedad siempre ha establecido duras penas, debido al riesgo inasumible de la salud comunitaria que conlleva.
En España este conflicto entre ópticos y oftalmólogos se vive desde hace más de un siglo, y ya la segunda República Española en 1934 tuvo que regularlo en el BOE para marcar las líneas rojas a lo que ya se denominaban “comercios de óptica” (Gaceta de Madrid Nº 277. Pág. 145-146. 4-X-1934). A pesar de las continuas leyes desarrolladas desde entonces este colectivo a través de sus representantes no cesa en su ánimo de invasión de competencias, incluso anunciando propuestas de proyectos de ley con ese objetivo, como analiza exhaustivamente la SEO en su último comunicado.
Es interesante conocer que el sector de Optica factura en España alrededor de 2000 millones de euros al año, según el libro blanco de la visión de su patronal FEDAO, estableciéndose como un lobby que puede influir a muchos niveles, incluido los legislativos, entendiéndose que puedan concebir la salud como un aspecto secundario ante el ansiado beneficio económico de cualquier empresa. Pero contra el poder de estas multinacionales y de los representantes oficiales alineados con las mismas está la racionalidad, la idoneidad y, sobre todo, la legalidad.
Hay que recordar que el intrusismo es un delito grave incluido en el grupo de falsedades del Código Penal Español (art. 403), con penas de hasta dos años de prisión.
En este sentido APOE ya está denunciando ante las autoridades tanto a aquellos ópticos de establecimientos que están elaborando recetas a sus clientes, como a aquellos que estén diagnosticando enfermedades en dichos establecimientos, lo que suele conllevar para los mismos un claro beneficio económico, directo o indirecto subyacente, y además publicitando la oferta con términos confusos (pacientes, salud visual..) en redes sociales, lo que agrava penalmente la cuestión.
En APOE nos consta que la mayoría de los ópticos saben perfectamente cuáles son sus líneas rojas, y están muy de acuerdo en trabajar en equipo con los oftalmólogos, tanto en la sanidad pública como en la privada, asumiendo que los médicos son los responsables de los procesos sanitarios con los que colaboran en esas consultas, clínicas y hospitales, y la gran mayoría de los que ejercen en establecimientos de óptica tienen la sensatez de no diagnosticar enfermedades o hacer recetas ni asumir esa responsabilidad punible que no les compete por ley, y que se promueven desde instituciones de derecho público.
Por todo esto desde APOE denunciamos públicamente que los comunicados y las acciones del CGCOO llevan a confusión a la población, como se ha expresado en reciente comunicación ministerial y pueden poner en riesgo la salud de la misma, y exigimos la dimisión de los miembros de dicho organismo de función pública, que promueven actividades que solo fomentan la conflictividad entre profesiones que durante décadas convivían de forma pacífica.
Del mismo modo instamos a aquellos ópticos colegiados respetuosos con la normativa, y con la debida honestidad y responsabilidad, que secunden y se unan a esta exigencia, con el fin de acabar con estos despropósitos y evitar esta manifiesta conflictividad creciente entre estas dos profesiones.
Junta Directiva de APOE
Madrid, a 18 de marzo de 2025
